En este contexto, la alerta sanitaria por el coronavirus o COVID-19 como medida para enfrentar la amenaza al contagio público por la propagación de este flagelo, hizo relevar el concepto de teletrabajo o trabajo a distancia cuando la Contraloría General de la República dio a conocer que los jefes superiores de los órganos de la administración del Estado podían adoptar medidas para disponer, ante el estado de excepción constitucional (prorrogado hasta el 14 de septiembre de 2020) funciones mediante el trabajo remoto desde sus domicilios u otros lugares donde se encontraran, a fin de proteger la vida y la salud de las personas que desempeñan una función pública, evitando también la exposición innecesaria de estos y su eventual contagio, además de conciliar el resguardo de la continuidad del servicio público a la ciudadanía.
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Teletrabajo: ¿promesa de un nuevo trato laboral en el sector público?
Construir un nuevo empleo público considerando las exigencias ciudadanas por transformaciones sociales y políticas o la visión del Gobierno de turno que permitan una sociedad más justa, no debiera indisponer a ningún actor en ese intento en el entendido que dicha tarea supere al actual Estado subsidiario, débil e indiferente a sus propias normas, como en el caso de la Carrera Funcionaria –que pese a ser un derecho fundamental de los funcionarios públicos las condiciones de dignidad funcionaria, mérito y eficiencia–, no ha sido posible garantizar a través del artículo 38 de la Constitución Política.
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