Lo más probable es que no se dejará un proyecto de ley para una gran reforma. Tampoco que las ideas expuestas sean una obligación económica, legal o incluso política que deberá seguir la próxima administración o las que le sucedan. La hoja de ruta previsional que la Presidenta Michelle Bachelet anunció en su última cuenta pública al Congreso será justamente eso: las directrices que su gobierno considera que deberían orientar las mejoras futuras al sistema de pensiones chileno. Con una batería de argumentos técnicos, la carta Gantt que encargó la Mandataria está abriendo espacio a la recomendación de abordar el déficit de cobertura y las bajas pensiones con cambios paramétricos en la edad de jubilación y la tasa de cotización, complementado eso con la implementación de un sistema de pensiones mixto. Este mantendría el componente de ahorro individual obligatorio en una AFP y lo combinaría con un componente de seguro social, también contributivo, pero con beneficios de tipo redistributivos garantizados.

Aunque todavía en el estatus de ideas, los cambios o mejoras descritos serían las propuestas más importantes de la Comisión Bravo -de un total de 58 medidas- que el gobierno haría suyas en el trazado que espera dejar la Presidenta y que por estos días concentra buena parte del trabajo de la secretaría técnica del comité de ministros al que convocó la Mandataria, el 15 de septiembre pasado, para revisar el informe final del grupo que presidió el economista David Bravo. El informe técnico se entregaría a los ministros en las próximas semanas.

En Hacienda -donde está asentado el grupo técnico que dirige la coordinadora de Estudios de la cartera, Paula Benavides- afirman que la etapa de análisis no ha concluido, pero que las medidas que se expondrán serán aquellas que el Ejecutivo considere como necesarias desde la lógica técnica para terminar con las deficiencias del sistema privado. Lo anterior, aunque con diferencias y matices, supone un ejercicio similar al que hizo la administración Piñera en el llamado Libro Blanco de las pensiones chilenas.

Asimismo, personeros del equipo económico ligados al proceso señalan que el trabajo del grupo técnico con miras a plantear la conveniencia de promover un sistema de pensiones mixto, en ningún caso implica terminar con el DL 3.500 que dio origen a las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Reiteran que esto está garantizado, porque el componente contributivo obligatorio se mantendría y el componente de seguro social sería financiado por parte del empleador y, eventualmente, por el Estado. Esto último, en todo caso, pondría en jaque el objetivo de aliviar la carga que significa para el Fisco financiar el aporte previsional solidario (APS, hoy vigente para las pensiones del sistema privado de hasta $ 291.778).

La Ley de Presupuestos 2016 contempla del orden de US$ 1.800 millones para financiar la estructura de beneficios establecidos en el Pilar Solidario creado en la reforma previsional de 2008. Un reciente informe de la Superintendencia de Pensiones concluyó que, en promedio, el Fisco gasta unos US$ 142 millones al mes en dicho pilar.

Edad y cotización
Pero lo anterior no sería una medida aislada, precisan en el Ejecutivo. La apuesta central del equipo técnico que evalúa distintas opciones es una: una mejora significativa al régimen de pensiones chileno no es posible sin un engranaje de cambios en los parámetros clave del régimen privado. Y en ese conjunto, la propuesta de la Comisión Bravo de elevar la edad de jubilación de la mujer desde el mínimo legal de 60 años hasta los 65 años, igualándola a la de los hombres, sería una de las ideas que defendería el Ejecutivo en su hoja de ruta.

Personeros del equipo económico, en todo caso, aseguran que a la fecha no hay una estimación clara respecto de cuánto mejorarían las pensiones de las mujeres si eso ocurre, pero en la Asociación de AFP estiman que eso elevaría en al menos un 50% el monto de la pensión final autofinanciada. Para el gremio -que ha desplegado una férrea defensa de la industria al interior del Ejecutivo y en el Parlamento-, terminar con la diferenciación de edad de jubilación por género es clave, pues aseguran que Chile es el único país del mundo -junto a Polonia- que tiene esa modalidad. Derivado de esto, añaden en el gobierno, es que la propuesta también plantearía adecuar las tablas de cálculo de la pensión, hoy diferenciadas, para reemplazarlas por una tabla unisex.

Pero, además, se plantearía un tercer cambio paramétrico: aumentar la tasa de cotización desde el actual 10% más la comisión que cobra la AFP por gestionar los fondos, a una tasa del orden de 12% a 14%, más comisión. El aumento sería de cargo del empleador -donde una fracción iría al componente de seguro social de un sistema mixto y el resto para la cuenta individual del trabajador. Esta idea tendría ya el apoyo de un sector de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), afirman en las AFP.

En el Ejecutivo, sin embargo, hay técnicos que advierten que el costo que asumiría el empleador al hacerse cargo del diferencial de cotización finalmente terminaría sintiéndolo el trabajador, ya que en el largo plazo ese impuesto al trabajo podría traducirse en un reajuste real menor de las remuneraciones.

El argumento
En sus 35 años de vigencia, la industria de las AFP ha ido reduciendo su número de operadores desde un total inicial de 12 empresas, en 1982, hasta las seis administradoras vigentes.
Al cierre del primer trimestre de este año, el sistema registraba poco más de 10 millones de afiliados, y de ellos, sólo 5,2 millones de personas eran cotizantes activos. El ingreso promedio de esos trabajadores es de $ 687.718 mensuales, según el último reporte de la Superintendencia de Pensiones.

Los datos oficiales indican que al cierre de abril último, el sistema de AFP hoy maneja un total de US$ 167.040 millones en ahorros previsionales obligatorios y que éstos apenas han aumentado un 0,3% en el último año. El total de activos representa un 70,5% del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo a los mismos datos, la industria ha logrado una rentabilidad promedio anual de los fondos de pensiones que gestiona de 5,02% entre septiembre de 2002 (que es cuando comenzó a operar el sistema de multifondos: A, B, C, D y E) y abril de este año. La referencia utilizada es el Fondo C.

En el último año, sin embargo, los ahorros previsionales de los trabajadores anotaron una pérdida de 1,55%. Esto se ha traducido en un deterioro de las pensiones que entrega el sistema privado a un universo de 1.114.347 personas, las que en la actualidad promedian un monto de $ 204.452 mensuales, considerando sólo el componente autofinanciado. Si se agrega el efecto complementario de las APS, la pensión promedio que reciben los jubilados del régimen privado es de $ 217.760 al mes.

En el oficialismo, alimentado por el cuestionamiento ciudadano de la industria de AFP, plantean que el déficit de cobertura, las bajas pensiones y la tendencia internacional hacia modelos previsionales mixtos justifican no sólo el trazar una hoja de ruta, sino también que ésta cobre espacio en el debate electoral para la presidencial 2017.

En la industria previsional, de hecho, atribuyen la decisión de retomar la tramitación legislativa del proyecto que crea una AFP estatal y darle celeridad, justamente a algo distinto a lo meramente técnico.